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Pareciera claro: si usted es un residente de la ciudad y no domina el idioma inglés, la ley de Acceso Lingüístico del Distrito de Columbia de 2004 exige que el Gobierno del Distrito de Columbia le proporcione un intérprete, ya sea en persona o vía telefónica, siempre que usted acceda a sus servicios. Hay un motivo para esta ley: el gobierno está para servir a sus residentes, incluso aquellos que no se sienten cómodos comunicándose en inglés. Al asegurarse de que los residentes puedan recibir servicios de interpretación, el gobierno no sólo respeta la dignidad de su pueblo, sino que también comunica información de importancia vital con eficacia. En realidad, todos salimos ganando.

¡La abogada Allison Miles-Lee trabajando duro!

Sin embargo, este proceso no siempre funciona, sobre todo en el Departamento de Servicios Humanos del Distrito de Columbia (DHS, por sus siglas en inglés), donde a los clientes de Bread for the City (Pan para la Ciudad) les han negado los servicios de acceso lingüístico en numerosas ocasiones. Cuando esto sucede, hay consecuencias reales. A los clientes de Bread for the City les han denegado o cancelado cupones para alimentos, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y seguro médico, a todos de manera injusta, porque no les proporcionaron la información y la documentación en un idioma que pudieran entender.

Debido a estas faltas, la abogada supervisora en jefe de Bread for the City, Allison Miles-Lee, ha presentado seis denuncias de acceso lingüístico en contra del DHS, cuatro de las cuales fueron investigadas a cabalidad por la Oficina de Derechos Humanos (OHR, por sus siglas en inglés), y en cada uno de los casos la OHR determinó que el DHS infringió la ley de Acceso Lingüístico. Pero, aunque esto ha establecido pruebas documentales importantes sobre las faltas del Gobierno del Distrito de Columbia, a fin de cuentas no ha sido sino un gesto simbólico, pues la OHR no tiene el poder de hacer valer sus propias determinaciones al efecto de que el gobierno no ha proporcionado acceso lingüístico. Así que, en busca de una nueva manera de hacer cumplir la ley, el miércoles 7 de octubre, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos y la firma de abogados Hogan Lovells entablaron una demanda colectiva contra el DHS ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia.

Bread for the City está participando — como “of counsel” (abogado ayudante) — en la demanda por una sola razón: queremos proteger a nuestros clientes con un dominio limitado o nulo del inglés de la discriminación. Pero las verdaderas heroínas de esta historia son las dos mujeres, Minerva Nolasco y María Amaya Torres, que aceptaron ser las demandantes. Se necesita mucho valor para que los inmigrantes le hagan frente a las dependencias gubernamentales, y la Sra. Nolasco y la Sra. Amaya merecen todo el crédito por alzar su voz para que el DHS rinda cuentas. Ellas tienen buenas razones para involucrarse: a la Sra. Nolasco se le negó la atención prenatal luego de que su seguro de salud fuera injustamente cancelado, y los cupones para alimentos de la Sra. Amaya fueron erróneamente recertificados a un nivel muy por debajo del monto que su familia debió haber recibido. En ambos casos, cada una de estas mujeres solicitó un intérprete; en ambos casos se les negó este servicio, y en ambos casos ellas y sus familias sufrieron.

Bread for the City respalda a la Sra. Nolasco y a la Sra. Amaya. Nuestra esperanza es que el tribunal determine que el DHS contravino la ley de Derechos Humanos del Distrito de Columbia al infringir la ley de Acceso Lingüístico, lo cual nos dará la capacidad de imponer medidas ejecutables para que el DHS cumpla, mejorando así el acceso lingüístico para para todos los residentes de la ciudad. Como señala Allison, “Bread for the City espera que este litigio conduzca a un cambio real, y evite el ciclo de cancelación y denegación innecesarias de prestaciones que afecta a tantos miembros de nuestra comunidad con un dominio limitado o nulo del inglés”. Estamos deseosos de colaborar con las demandantes, la oficina de Derechos Humanos (por sus siglas en inglés OHR), el Comité de Abogados de Washington y la firma jurídica Hogan Lovells para continuar esta lucha.

La labor de Allison es posible, en parte, gracias a los fondos tanto públicos como privados concedidos por la Fundación del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia.