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Los clientes de Bread for the City (Pan para la Ciudad) sin un dominio o limitado del inglés llevan años batallando para acceder a servicios de gobierno importantes en el Departamento de Servicios Humanos del Distrito de Columbia (DHS, por sus siglas en inglés). Estos servicios incluyen seguro médico para ellos y para sus hijos, cupones para alimentos, y asistencia temporal en efectivo para las familias con hijos.

La ciudad cuenta ya con una ley que exige que el DHS y otras dependencias del Gobierno del Distrito de Columbia proporcionen servicios de interpretación y, en muchos casos, traducción escrita para los clientes que no hablan inglés. Pero, una y otra vez, nuestros clientes se han quejado de que los empleados del DHS se niegan a proporcionarles los servicios de interpretación —dependiendo de que los niños interpreten para los padres—, o de que sencillamente no envían los avisos importantes sobre las prestaciones en su idioma.

En consecuencia, a muchas familias les han denegado o cancelado indebidamente las prestaciones. Muchos clientes que no hablan inglés nunca entendieron que fue lo que pasó con sus prestaciones o erróneamente supusieron que no satisfacían los requisitos para recibirlas. Las familias que querían disputar la cancelación o denegación de sus prestaciones, o el hecho de que el DHS no les proporcionara acceso lingüístico, enfrentaban una pesadilla burocrática de formularios, reuniones y audiencias administrativas. Aun con la mediación o ayuda de un abogado, el proceso de corregir los problemas surgidos a raíz de que, en primer lugar, el DHS no proporcionó acceso lingüístico, era abrumador y frustrante, y, como resultado, muchas familias sencillamente se dieron por vencidas.

En octubre de 2015, Bread for the City, participando como “asesor jurídico”, se unió al Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos y a la firma de abogados Hogan Lovells US LLP para entablar una demanda contra el DHS por su negativa generalizada a proporcionar acceso lingüístico para sus clientes.

Como resultado de la demanda, el DHS se ha comprometido a reestructurar la manera en que brinda el acceso lingüístico y ha dedicado más recursos a cumplir este importante mandato. Sigue siendo un trabajo en progreso — hace sólo unas semanas, entablé otra reclamación de acceso lingüístico contra el DHS en nombre de una persona hispanohablante a la que se le negaron los servicios de interpretación—, pero, en general, estamos viendo mejoras en la manera en la que el DHS brinda acceso lingüístico.

María Amaya Torres, una de las denunciantes de la demanda, señaló que, recientemente, cuando acudió al DHS a renovar sus cupones para alimentos, fue recibida en el vestíbulo por un empleado bilingüe y entrevistada en persona en español, por primera vez en todos los años que lleva acudiendo a la dependencia.

Nos complace anunciar que la demanda quedó oficialmente resuelta hace poco. En apego al acuerdo de conciliación, el DHS ha accedido a instrumentar una nueva estructura formal para asegurarse de que los clientes reciban servicios de interpretación en todo punto de contacto con la dependencia. Si no se le presta acceso lingüístico, el cliente podrá acudir a un defensor designado en cada uno de los centros de servicio, quien de inmediato saldrá en su auxilio antes de abandonar el edificio, tanto para asegurarse de que reciba acceso lingüístico, como para resolver cualquier problema subyacente que tenga con sus prestaciones a consecuencia de una falta de comunicación.

Además, el DHS también establecerá un Grupo Consultivo de Acceso Lingüístico para el Cliente, el cual vigilará que la dependencia cumpla con el acuerdo, mantendrá comunicación con el defensor de los derechos del consumidor asignado al centro de servicio y asesorará al DHS en cuanto a las prácticas de acceso lingüístico.

Agradecemos a las Sras. Amaya Torres y Minerva Nolasco, la otra denunciante de la demanda, por su valentía en la lucha por sus derechos y por los derechos de los demás. Esperamos que, una vez adoptadas las medidas del acuerdo, veremos un cambio verdadero, y el fin del ciclo de cancelación y denegación innecesarias de las prestaciones que ha afectado a tantos residentes del Distrito de Columbia con un dominio nulo o limitado del inglés.

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*La labor de Allison es posible, en parte, gracias a los fondos adjudicados por la Fundación del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia.*